Hace una semana, la Fiscalía liberó parte de los avances de la investigación en el caso Sanatorio Alemán a los abogados participantes del proceso. En este caso, uno de los profesionales que recibió los datos fue Óscar Vega, quien defiende a ocho familias de menores de edad que estaban internados en la UCI del Sanatorio Alemán al momento de la explosión del 21 de abril de este año.

El abogado querellante señaló que las personas a las que representa "son padres de menores de edad que acompañaban a sus hijos que estaban en incubadoras o recién operados de tumores en el cerebro".

Vega se refirió a los datos de la investigación a los que pudo acceder. "Nos enteramos del avance y la cosa está clara. Quien tuvo mayor proactividad para resolver el tema fue el guardia encargado de las cámaras de seguridad", dijo.

El abogado no señaló lo mismo respecto al prevencionista y al funcionario de la empresa de gas. "La duda es ¿quién dio la orden para que vuelvan? El prevencionista dice que el funcionario de la compañía de gas, mientras que el funcionario señaló que no dijo eso y que en algún momento haría las mediciones. En ambos casos, los responsables son el Sanatorio y la empresa gasoducta porque no se midió el gas, según los peritajes de Carabineros e Investigaciones", indicó.

Por lo tanto, concluyó que "a mi parecer, el Ministerio Público ya está en condiciones de formalizar a tres o cuatro personas porque ya está clara la partipación de estas, de acuerdo con los peritajes".

En ese sentido, afirmó que "esperamos que de aquí a un mes haya audiencias de formalización, si no, nosotros la pediremos para esas tres o cuatro personas. Nos reservaríamos los nombres, pero son personas tanto del Sanatorio como de la compañía de gas".

El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió ayer dejar con arresto domiciliario total al general (r) Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de Carabineros, y a Alex Smith, creador del programa "Antorcha", en el marco del denominado caso Huracán. El tribunal decidió en cambio que quedara en prisión preventiva el capitán (r) Leonardo Osses. Esta medida cautelar se aplicó luego de que los tres fueran formalizados por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. La decisión de la jueza Marcia Castillo ocurrió tras una semana de audiencias en el caso en que se indaga la presunta implantación de pruebas falsas en la denominada Operación Huracán, que terminó con la detención en septiembre de 10 comuneros.

Michael Seguel P.

En internación provisoria en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la capital quedó ayer un menor de 16 años, acusado de robar y violar a una mujer de 38, en el Parque Los Reyes de Santiago. Así lo resolvió el tribunal tras formalizarlo por el delito de robo con violación en el Centro de Justicia capitalino.

La teniente Paulina Ardiles, oficial de ronda de la prefectura de Carabineros, precisó ayer que son cuatros los integrantes de la banda que perpetraron el crimen. Todos serían menores y, de acuerdo a la investigación, intimidaron a la víctima con armas blancas, que no fueron encontradas en el lugar.

"Una pareja estaba compartiendo en el parque cuando llegan cuatro individuos a rostro descubierto. Al hombre lo sacan del lugar y a la mujer la llevan a un sector de matorrales, donde es violada", dijo Ardiles en un punto de prensa, donde añadió que la víctima fue trasladada al Servicio Médico Legal (SML) para ser examinada. Añadió que fue la pareja de la mujer quien llamó a Carabineros, los que detuvieron a un menor de 16 y a otro de 13. Hasta ayer por la tarde no habían sido capturados los otros dos.

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el fiscal Roberto Alarcón dijo que el Tribunal de Familia se hará responsable del joven de 13, por ser inimputable ante la ley. El adolescente quedó bajo la custodia de sus padres.

Con respecto al adolescente de 16, Alarcón dijo que "está sujeto a una escala de sanción especial de manera que puede llegar a una privación de libertad, pero con un límite de 10 años". Alarcón detalló, además, que en el caso de que la persona fuera mayor de edad, la penalidad podría alcanzar la cadena perpetua.

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, dijo a Canal 13 que "vamos a tomar todas las acciones legales y a perseguir este delito para poder sancionar a los culpables".

"(La pena) puede llegar a una privación de libertad, con un límite de 10 años"

Roberto Alarcón,, fiscal"