Recientemente se han difundido las medidas propuestas para avanzar en el Acuerdo por la Infancia. Es un esfuerzo que se ha preocupado de abrir un espacio transversal, tanto desde el punto de vista político como también de convocar a miembros de la Sociedad Civil. El siguiente paso es transformar dicho acuerdo en un plan de acción que contemple plazos, financiamiento y responsables, además de traducir a proyectos de Ley aquellas materias que requieren de la creación o modificación de cuerpos normativos, como puede ser el proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Infancia, la ley de Adopciones, la Ley de tribunales de familia y los proyectos que crean los nuevos servicios de protección y de reinserción juvenil.

El documento tiene el mérito de abordar distintos ámbitos desde la prevención hasta la protección. Asimismo, es notable el énfasis territorial haciéndose cargo de una debilidad manifiesta en los proyectos de Ley presentados para construir la institucionalidad de infancia. En ese sentido cobra relevancia el rol de las agencias locales y la posibilidad de contar con un gestor de casos, modificando sustancialmente el rol de las OPD a fin de que aporten desde un rol articulador, preventivo y de seguimiento.

El acuerdo logra hacerse cargo de la realidad que afecta a la infancia con especial foco en la más vulnerable trabajando en la prevención , protección y tratamientos.

Concepción

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Tomé

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