Se dio a conocer en las últimas semanas los ejes sobre los cuales el Gobierno trabajará en los próximos años, entre los que se encuentra la liberalización para la venta de medicamentos de venta directa, es decir, aquellos que no requieren receta médica, en otros canales de distribución distintos a las farmacias.

El acento está puesto en que este tipo de medidas conduciría, producto de la libre competencia, a una disminución del precio de los medicamentos.

Vale la pena preguntarse: Si le duele el bolsillo a nuestra población cuándo se trata de medicamentos, ¿qué medicamentos son más relevantes en este gasto de bolsillo? La evidencia muestra que son más bien los fármacos que requieren prescripción médica, de uso crónico, no cubiertos por las garantías explícitas en salud y, frecuentemente, asociados a enfermedades catastróficas. Definitivamente, no aquellos de venta directa. Una iniciativa de esta índole, implementada en forma aislada y sin abordar el tema de fondo - como ampliamos el acceso a medicamentos para toda la población, cautelando sobre todo aquellos tipos de medicamentos que significan un porcentaje sustantivo del gasto de bolsillo - aparece como una medida facilista y que podría incluso involucrar riesgos.

Claramente la discusión en torno a las políticas públicas de medicamentos merece ir más allá de la perspectiva únicamente económica, y considerar al medicamento como un bien social, no solo como un producto más del retail ni a la cadena del valor del medicamento únicamente como un mercado.

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