Acusa a Gordon de regalar hasta carteras y hieleras
Fiscal detalló las presuntas compras del ex general director de Carabineros, con platas fiscales.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó ayer la cautelar de arraigo nacional y firma mensual para ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, y el general (R) Jorge Serrano, quienes fueron formalizados ayer por el delito de malversación de caudales públicos por un monto de $21.703.191, los que habrían sido utilizados en gastos de representación en el Departamento de Relaciones Públicas de la institución.
En su relato en la audiencia, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dijo que los presuntos delitos habrían ocurrido entre 2008 y 2011, cuando Gordon era el general director de Carabineros, lo que volvió la audiencia inédita, y Serrano cumplía el rol de jefe de relaciones públicas.
Campos detalló la compra de "zapatos, mesas de madera, un traje de vestir de dos piezas, carteras, juegos de cucharas, un juego de loza, juego de sabanas, una hielera de vidrio, muñecas, un horno microondas" como regalos a una funcionaria "cercana al general Gordon".
El persecutor añadió que otros regalos habrían sido supuestamente entregados a entidades como la Corporación del Cáncer, laTeletón o Cuerpo de Bomberos de San Bernardo.
Campos agregó que hay "una supuesta actividad por una reunión de camaradería por cierre de año, que corresponde en realidad a una factura emitida por la distribuidora de licores de nombre 'El Cielo'".
pago objetado
El origen del caso se destapó tras un informe de Contraloría General de La República que objetaba el fin institucional de los "regalos", en 2012. Para restaurar los $21 millones el general (R) Serrano habría recibido un préstamo de la dirección de Bienestar de Carabineros.
Tras la audienci,a el abogado de Gordon, Leonardo Battaglia, dijo que "tenemos que hacer diligencias para desvirtuar las acusaciones que formularon en esta audiencia, por lo mismo, el juicio oral es mejor". Mientras, el abogado del general (R) Serrano, Mario Vargas, dijo que "cuando la Contraloría general de la República revisó los antecedentes, señaló que no había responsabilidad penal. Lo que había era una infracción administrativa".
21 millones de pesos son los que se habrían ocupado de forma irregular, dijo el fiscal.