Dejan libre a cabo acusada de patear a embarazada
Carabinera quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
"Siento mucha rabia contra Carabineros", dijo ayer María Paz Cajas, la mujer de 36 años que, tras defender a un grupo de estudiantes durante una marcha en 2016, fue detenida y trasladada a un carro policial, donde, presuntamente, una cabo segundo le habría dado una patada en el vientre, lo que provocó que tuviera un aborto espontáneo. Tenía cinco semanas embarazo.
La afectada mostró su impotencia tras la audiencia en que la funcionaria de Fuerzas Especiales -que no ha sido desvinculada de la institución- fue formalizada por tortura y apremios ilegítimos en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, pero quedó libre por decisión del tribunal.
Los hechos
El 26 de mayo de 2016, la actriz María Paz Cajas fue a hacer unos trámites en el centro de Santiago. Tras salir de un edificio sintió el gas lacrimógeno y vio a un grupo de estudiantes secundarios que estaban siendo detenidos, tras una marcha no autorizada.
Tras ser detenida también por FF.EE de Carabineros, la mujer fue trasladada por personal del Sapu hasta el Hospital San Juan de Dios para constatar lesiones, donde se confirmó que había tenido un aborto espontáneo generado por el intenso sangramiento que tenía. Las evidencias fueron expuestas en la audiencia por el fiscal Centro Norte, Cristián Soto.
Mientras, el defensor de la cabo Tiare Vergara, Claudio López, apeló al desconocimiento que la policía tenía del embarazo de la víctima y recalcó que ella siguió los procedimientos de Carabineros en una manifestación. Tras la audiencia en el Séptimo Juzgado, la funcionaria policial quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctimas y a sus familiares, y salió del tribunal sin emitir declaraciones.
"Es un peligro fundado para la sociedad que una carabinera se comporte de esa manera, porque el deber de Carabineros es proteger a las personas y no torturarlas", dijo la abogada de la víctima, Fernanda Molina, tras la audiencia.
"Es un peligro para la sociedad (...), el deber de Carabineros es proteger a las personas y no torturarlas"
Fernanda Molina,, querellante"