Diego Toloza Cruces

Un singular mensaje instalado en una de las esquinas de la población Sargento Aldea, en Curanilahue, llama la atención de los transeúntes y ha sido ampliamente comentado en redes sociales. En él, vecinos solicitan, de manera bastante poética, la instalación de una multicancha para su barrio.

"Aprendo mirando a los niños que juegan en la calle; quizá porque mi fútbol es infantil, me divierto como un niño. ¡Multicancha para todos!", se puede leer en el letrero.

Al respecto, el concejal Juan Fernández comentó que por ahora sólo en el sector Pedro Aguirre Cerda se proyecta la construcción de uno de estos espacios de recreación.

Alcalde

En tanto, consultado sobre el tema, el alcalde de Curanilahue, Luis Gengnagel, indicó igualmente que por ahora no tienen contemplado construir otra multicancha en el mencionado sector, debido a que no hay un terreno regularizado para ello.

El edil apuntó, al mismo tiempo, que dentro de las próximas semanas se construirá la nueva cancha empastada con que contará el sector Pedro Aguirre Cerda.

Daniel Roa Torres

"El dinero no me devolverá a mis padres, pero este fallo de la justicia en algo mitiga el dolor". Así comienza su relato Dionila Pinto Flores, lebulense que perdió a sus progenitores a consecuencia del terremoto que sacudió al país la madrugada del 27 de febrero de 2010. Ella es una de las favorecidas con el fallo de la Corte Suprema, que obliga al Estado de Chile a indemnizar a las familias de las cuatro víctimas que perecieron a causa del tsunami en Lebu.

Como se informó ayer, y tras varios años de litigio, la Tercera Sala del máximo tribunal chileno resolvió en favor de los familiares de los cuatro fallecidos el 27-F en el sector Mina Costa de Lebu. En fallo dividido, el Tribunal determinó la falta de servicio del Shoa y de la Onemi en advertir a las autoridades y a la población sobre el peligro de permanecer en la costa, ordenando al Estado el pago de 445 millones de pesos.

A raíz del tsunami que siguió al terremoto de 2010, Jorge Carvajal Pinto, Julio Pinto Pérez, María Gabriela Flores Ríos, y José Peña Antileo perdieron la vida con la salida del mar en Lebu. De hecho los cuerpos de los dos primeros aún no son hallados.

"Ellos eran recolectores de luga, todos sabían que estaban allá, sobre todo la autoridad marítima, que fue la que otorgó el permiso para efectuar estos trabajos en la costa (...) esa madrugada la ola los atrapó", recordó con tristeza Dionila Pinto.

"nadie nos advirtió"

Teresa Carvajal tuvo la fortuna de salvar su vida junto a su hijo, pero en la catástrofe perdió a su padre, Jorge Carvajal. "Fue tan corto el tiempo que la ola nos atrapó, pero tuve la fortuna de que me botó a la orilla (...) el mar se llevó a mi papá y hasta hoy no nos devuelve el cuerpo", narró.

Asimismo agregó que "nadie nos advirtió de abandonar la costa. No sabíamos que tras un terremoto había que arrancar a las partes altas, por eso a través de la justicia hemos buscado un reparo".

Ambas familias coinciden en que el dinero no devolverá a la vida a sus seres queridos, sin embargo, el fallo judicial les da la razón de que hubo falta de información sobre el peligro que revestía un tsunami en las costas. "Falló la alerta de maremoto y a causa de ello murieron nuestros familiares", recalcó Teresa Carvajal.

"Resulta evidente que pesaba sobre el Fisco la obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de prevención", señala parte del fallo.

"La condición costera del territorio donde pernoctaban las víctimas la torna especialmente vulnerable a situaciones de emergencia, motivo por el que cobra especial importancia la función de prevención".

"La ola nos atrapó (...) El mar se llevó a mi papá y hasta hoy no nos devuelve el cuerpo"

Teresa Carvajal"