El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete dio a lugar ayer a la petición de la defensa de Héctor Llaitul Carrillanca, que buscaba rebajar la sentencia en la que fue condenado a diez años y un día de privación de libertad por el delito de robo con intimidación. La pena, finalmente, fue rebajada a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por lo que, eventualmente, Llaitul quedaría con su pena cumplida.

Hasta ahora, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien no estuvo presente ayer en el tribunal, estaba cumpliendo la sentencia mediante firma semanal, como parte de la libertad condicional que le fue concedida en 2016.

"El tribunal acogió la petición de la defensa y rebajó la sanción, debido a una modificación que eliminó la agravante de multiplicidad de autores, como parte de la agenda corta antidelincuencia", precisó el defensor Javier Pereira.

"A nuestro entender debiese quedar con sanción cumplida, pero los llamados a hacer el cálculo final es Gendarmería", dijo.

Desde Fiscalía, en tanto, se señaló ayer a La Estrella que durante esta jornada podrían referirse a este tema.

Un grupo indeterminado de personas asaltó durante la noche el peaje Chivilingo, en la Ruta 160, donde tras intimidar a una cajera, huyeron con cerca de un millón de pesos a bordo de un automóvil en dirección desconocida. Las pericias policiales permitieron dar con el vehículo, el que habría sido abandonado en el sector Colcura, tras lo cual se concretó la detención de dos sujetos, un hombre y una mujer, que tendrían relación con el atraco. Ambos fueron formalizados y el juzgado de garantía decretó la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse al peaje.

Conmoción causó entre los vecinos de Las Higueras, un accidente ferroviario que le costó la vida a un hombre, a la altura del cruce de calle Desiderio García, en Talcahuano. El hecho ocurrió alrededor de las 21.00 horas, en un sector no habilitado para el tránsito de peatones. Hasta el cierre de esta edición, efectivos policiales trabajaban en identificar a la víctima, que no portaba documentos.

Cabe señalar que la máquina involucrada es un Biotren que terminaba el último recorrido de la noche y se dirigía a Talcahuano.

Hasta cerca de la medianoche, Carabineros custodiaba el sitio del suceso, a la espera de los peritos especializados que instruya el Ministerio Público, para establecer las causas y responsabilidades del hecho.

Redacción

Bajo las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y abandonar el hogar en común, quedó ayer el concejal de Coronel y coordinador regional de Recursos Hídricos del Gobierno Regional, Ariel Durán Fredes. Esto, tras ser formalizado por el delito de lesiones cometidas en contra de su cónyuge, en el contexto de violencia intrafamiliar.

Desde el Ministerio Público se informó a La Estrella que la mujer presentaría lesiones de carácter menos graves. La denuncia fue realizada por la esposa del concejal en la subcomisaría de Carabineros de Villa Mora, en Coronel, en la que aseguró haber sido agredida por su marido.

Querellante

La decisión del juzgado de garantía coronelino fue tomada luego de la solicitud realizada por el abogado de la víctima, Maximiliano González. "Nos encontramos satisfechos con las medidas cautelares (...) estimamos que existe un riesgo para la integridad física y síquica de mi representada, por lo tanto, estamos satisfechos de que se encuentren cauteladas los derechos de mi representada", señaló el profesional.

Defensor

Por su parte, Gastón Caamaño, defensor de confianza de Ariel Durán, sostuvo que "nos parece una situación lamentable. La denuncia hecha por la supuesta víctima presenta mucha falsedad. Esperamos que en el transcurso de la investigación se puedan esclarecer los hechos y se pueda limpiar la imagen de mi representado que está muy afectado".

Dejó su cargo

"Ariel Durán se encontraba en calidad de detenido y (...) nos hizo llegar un mensaje al intendente, básicamente, en el que señala que, para no involucrar al Gobierno en esta situación personal, colocaba su cargo a disposición", informó ayer el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, salida que finalmente se concreta en el transcurso de la jornada.

"Quiero señalar que ha sido el propio Ariel Durán el que ha hecho llegar este mensaje, esta voluntad, de poner su cargo a disposición para no involucrar al gobierno y dedicarse como corresponde a cualquier ciudadano que se ve relacionado con la justicia", agregó Inostroza.

El tribunal otorgó un plazo máximo de tres meses para el cierre de la investigación de este caso.

3 meses fue el plazo máximo otorgado por el juzgado para el cierre de la investigación.

2 medidas cautelares fueron aplicadas en contra del funcionario público formalizado.