Camioneros entregan ultimátum ante ataques incendiarios en el sur
La creación de una unidad de investigación y persecución penal a cargo de un grupo de elite, el envío de un delegado presidencial a la zona del conflicto y modificar la Ley Antiterrorista, es lo que demandó ayer al gobierno la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) y Chile Transportes.
La petición contempla esperar siete días para que el gobierno les dé una respuesta, luego de la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, en San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, que se suma a otras decenas registradas en La Araucanía.
El petitorio contempla iniciar una paralización nacional, en caso de no recibir una respuesta positiva por parte del gobierno.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, sostuvo que "los ultimátum no son una política correcta cuando lo que estamos tratando de hacer es de superar las dificultades que hay en una región en particular, en este caso, como es en La Araucanía".
Agregó que "si alguien cree que la inteligencia tiene debilidades, que diga cuáles son por poder enfrentarlas".
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien en los días previos criticó que sólo hubiera un guardia cuidando los camiones quemados en Los Ríos. Tras la cita, Ariztía dijo que "cuando los asaltos son hechos por terroristas especializados, preparados fuera del país, que se ponga uno o 15 guardias, los van a reducir igual". Añadió que hay "una especie de complicidad, porque no se está haciendo la pega para parar la delincuencia".