Firma quincenal en Carabineros y una estricta orden de alejamiento con respecto a la víctima, fueron las medidas con las que quedó un sujeto acusado de realizar tocaciones a una menor de edad en las cercanías del Canal Ifarle, en Talcahuano.

Dichas medidas se decretaron en la audiencia de formalización de cargos, ocasión en la que Mariana Ramírez, fiscal del puerto, lo acusó de abuso sexual.

En cuanto al plazo de la investigación, no fue fijado en esta oportunidad, por lo que se podrá revisar a medida que avance el proceso judicial.

Cabe recordar que el acusado, de 31 años, fue retenido por los vecinos del sector donde habría ocurrido la agresión, quienes lo culpaban de haber atacado a una joven de 16 años de edad. Es por ello que carabineros lo detuvo. Durante esa jornada, el médico de turno en el hospital habría identificado lesiones relacionadas con el hecho.

Vistiendo trajes de overol, tres desconocidos protagonizaron un nuevo intento de robo a un dispensador de bencina con autoservicio, también conocidos como Zervos.

El hecho se registró durante la madrugada de ayer, en el servicentro Copec de Paicaví con Manuel Rodríguez, en Concepción.

Los hombres, utilizando un cable de acero, ataron la máquina a una camioneta y pese a destruirla, no lograron llevarse dinero, según informó Carabineros. Fiscalía instruyó el trabajo de un equipo multidisciplinario compuesto por Labocar y OS9, desde donde se indicó que dicho local ya había sufrido un delito similar hace un par de semanas y que la administración reforzó la seguridad.

Los sujetos son buscados intensamente. Ya hay evidencias en video.

En prisión preventiva quedó el tomecino que habría confesado el homicidio de Ricardo Morales, ocurrido el martes en una cancha de fútbol del Cerro Estanque. La medida se decretó ayer, cuando se realizó la audiencia de formalización, puesto que se había pedido ampliación del plazo desde el miércoles.

Allí, el persecutor Osvaldo Figueroa lo acusó del crimen y pidió la prisión preventiva, la que el tribunal finalmente acogió.

Sin embargo, Ignacio Iturrieta, abogado de la Defensoría Penal Pública, indicó que "ha sido un caso bien complejo, pero nosotros creíamos que no correspondía prisión preventiva". Lo anterior, lo sostuvo afirmando que "mi representado se entregó a carabineros, por lo que no existe peligro de fuga. Además, la investigación no corre peligro si está libre, puesto que ha declarado en dos oportunidades. Confesó que él lo hizo", dijo.

En ese sentido, reveló que "él me dijo que actuó en defensa propia, que la víctima lo trató de agredir con el cuchillo. De acreditarse, bajaría la pena en al menos tres grados".

"Él me dijo que actuó en defensa propia, que la víctima lo trató de agredir con el cuchillo".

Ignacio Iturrieta, abogado"

Pese a estar conforme, Greisnery Gutiérrez, hija de una víctima del tsunami es categórica: "Ninguna compensación me devolverá a mi papá. No existe una recompensa que pueda reparar el daño". Ayer, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación (o anulación de sentencia) y condenó al Estado a pagar una indemnización total de $100 millones a ella y a su hermana Silvia.

Su padre, Juan de Dios Gutiérrez Rioseco, según relató el abogado penquista Adolfo Ortega, estaba trabajando como nochero en Aduanas de Talcahuano cuando escuchó, a través de su radio, que no había riesgo de maremoto. "Él falleció por muerte por inmersión. Fue encontrado a varias cuadras de distancia, tras ser atrapado por el tsunami", indicó Ortega.

Greisnery dijo, en tanto, que "yo no conozco mayores antecedentes del fallo, pero queda la conformidad de que se hizo justicia y que mi padre, un hombre bueno y cariñoso, murió producto de una negligencia".

"Es un precedente"

La mujer añadió que "esto es un precedente para que otras familias sigan luchando en busca de justicia por lo que ocurrió esa noche. Para nosotros fue complejo siempre que no nos quisieran responder".

Cabe indicar que, según explicó el abogado Ortega, "este fue un proceso bien difícil, que comenzó con una demanda en Talcahuano, fue tramitada, rechazada, enviada a la corte, regresarla en Concepción, perder y revocar hasta que llegamos a la Suprema".

La sentencia del máximo tribunal confirmó la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por falta de servicio y el mal funcionamiento que tuvieron durante la catástrofe, descartando que la muerte de Gutiérrez Rioseco se produjera por un "suceso imprevisto o fortuito", según indicó el Poder Judicial.

El fallo detalla que "es manifiesto, entonces, que tales entes públicos fueron creados para funcionar ante la ocurrencia de catástrofes naturales (...) por lo que desde ya se puede afirmar que no es posible aceptar, como postula el demandado, que la ocurrencia de un terremoto de una intensidad de 8,8 grados en la escala Richter implique desde ya la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales".

"Él falleció por muerte por inmersión. Fue encontrado a varias cuadras de distancia".

Adolfo Ortega, abogado"

50 millones recibirá cada una de las hijas de Juan de Dios Gutiérrez, víctima del tsunami.