Michael Seguel P.

Tras una "maratónica" jornada de casi 24 horas, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de ley de reforma de educación superior, aprobación que incluyó una indicación de los diputados Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC) para terminar en esta ley con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y no en un segundo proyecto como planeaba el gobierno.

Esta indicación deja como fecha máxima para su derogación el 1 de enero de 2019.

"(Esta) fue precisamente la razón más tensionante para que esto pudiera seguir legislándose y el Gobierno ni siquiera fue capaz de cumplir con esa promesa", afirmó Jackson.

La ministra de educación, Adriana del Piano, salió al paso de la crítica y respondió que el proyecto debe velar por un sistema que reemplace al CAE y no sólo decir que éste se termina.

"Nosotros lo que dijimos es que en el proyecto íbamos a poner que esto terminaba con el CAE, pero que un proyecto de ley aparte vamos a decir cuál es el mecanismo que reemplazo el CAE".

La medida no gustó en el Gobierno y no se descarta hacer reserva de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para bajar la indicación.

Al respecto, Delpiano dijo que "habrá que verlo en su mérito, falta mucho paño que cortar hasta que la ley es ley".

El proyecto comenzará a ser discutido por la Comisión de Hacienda y luego votado en la sala de la Cámara de Diputados, en julio.

Una vez aprobado comenzará su discusión en el Senado.

Otros puntos

Otros puntos de la iniciativa aprobados fueron que la gratuidad universal en la educación superior se decrete bajo las expectativas de futuro crecimiento económico.

También se resolvió dejar el sistema de ingreso a cargo de la Subsecretaría de Educación y no del Consejo de Rectores.

"Nosotros siempre dijimos que el CAE (Crédito con Aval del Estado) se tenía que cambiar por otro mecanismo".

Adriana del Piano, Ministra de Educación"

lLa defensa de los nueve bolivianos (siete funcionarios aduaneros y dos militares) condenados por contrabando, robo con violencia y porte ilegal de armas, decidió no apelar a la sentencia de Isabel Peña, jueza del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que conmutó su condena por la expulsión del país. Así lo confirmó el Ministerio Público, a través de Twitter: "Jueza de Pozo Almonte recibe renuncia de plazos de Fiscalía, querellante y defensa. Sentencia contra funcionarios bolivianos queda ejecutoriada". Así, los abogados defensores, Claudio Vila y Manuel Choque, no presentarán ningún recurso de apelación que evite el plazo de expulsión en los próximos 30 días y el pago de una multa por la suma de $32 millones.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ayer mantener en prisión preventiva al ingeniero comercial Rafael Garay, luego de que su abogado, Reynerio García de la Pastora, solicitara cambiar su medida cautelar por arresto domiciliario. Esto, en el marco de la investigación en contra del ex panelista económico de televisión, por una presunta estafa que bordearía los $1.800 millones, con la que, de acuerdo a la indagación de la fiscalía, perjudicó a decenas de personas que le pasaron su dinero esperando que lo invirtiera.

Según expuso el defensor de Garay, el ingeniero comercial quería salir del anexo Capitán Yáber para estar en su casa y ver a su hijo de meses.

"Mi representado tuvo un hecho en su vida, nació un hijo suyo y, evidentemente, quiere ejercer las acciones de padre con ese hijo", dijo.

Añadió que su defendido tenía una irreprochable conducta anterior, que había colaborado con la fiscalía en sus declaraciones y, aseguró, que había intentado reparar el mal causado, devolviendo más de $500 millones.

Sin embargo, la jueza Verónica Encina resolvió que "no están las condiciones para adelantar la otorgación de penas sustitutivas", ya que existe peligro de fuga.

A la salida de la audiencia, el fiscal José Morales se refirió a la supuesta colaboración del imputado diciendo que "Garay entregó dos declaraciones en donde no aportó nada nuevo, se limitó a decir que el dinero se lo gastó".

Añadió que espera terminar la investigación en julio para presentar la acusación y así llevar el caso a juicio oral.