Camila Infanta S.

Cabizbajo y sin emitir palabra alguna salió ayer Mauricio Ortega del tribunal en dirección al penal de Coyhaique, luego de recibir una condena a 26 años de cárcel, por la brutal agresión a su ex pareja, Nabila Rifo, el 14 de mayo de 2016.

Esto, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, aceptando la solicitud de la fiscalía, lo sentenciara a 12 años y 183 días de prisión por el femicidio frustrado de la mujer que perdió los globos oculares en el ataque; 12 años y 183 días por las lesiones graves y gravísimas sufridas ese día y 540 días por violación de morada, en un evento previo.

A la condena se le restarán los 349 días que Ortega ya lleva en prisión. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y tendrá la prohibición de acercarse a la víctima por dos años después de haber cumplido su condena.

El fiscal jefe de Coyhaique, Luis González, aseguró que se trata de "un fallo contundente, donde las penas están aplicadas en sus rangos máximos. La convicción del tribunal está clara respecto a todos los delitos y ahora hay que analizar el razonamiento del tribunal y esperar los pasos que la defensa quiera seguir".

El fallo completo estará disponible desde hoy y desde ahí comienza a regir el plazo de 10 días que tiene la defensa para presentar algún recurso.

Ayer, el abogado de Ortega, Ricardo Flores, dijo que estaban estudiando presentar un recurso de nulidad del juicio, esto debido a que el veredicto se produjo con fallo dividido, ya que el juez Rolando del Río abogó por absolución de Ortega.

Precedente

La ministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, afirmó, tras conocer la condena, que el Gobierno está conforme.

"Espero que no hayan más hechos graves como éstos, pero creemos que mientras se logre tener condenas así de altas, indudablemente se generan circunstancias en las que el país dice que esto no se aguanta. Espero que esto sea un aporte en prevenir la violencia hacia las mujeres", aseveró en conversación con 24H.

Mientras, la directora regional del Servicio de la Mujer, María Francisca Rojas, dijo a radio Cooperativa que "esto crea un precedente no sólo para la región, sino para el país. Las mujeres no deben sufrir violencia y eso lo han dicho claramente los magistrados". Antes de conocerse la condena, Rifo dijo a El Mercurio estar confiada de que Ortega estaría muchos años en prisión.

Tribunal concedió las penas que pidió la fiscalía

Pena de 12 años y 180 días por femicidio frustrado.

Pena de 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas.

Pena de 540 días por el delito de violación de morada.

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que fija la fecha en que los mandatarios deben rendir su cuenta pública ante el Congreso. Así, desde este año no se realizará más los 21 de mayo, sino que los 1 de junio, tal como ocurría entre 1833 y 1925. "La coincidencia entre la cuenta del 21 de mayo y el día de las Glorias Navales generaba dificultades en el tránsito en Valparaíso, muchas veces dificultando la llegada al Congreso, estresando las vías la ciudad y a sus habitantes", dijo Bachelet. "Pasaba, además, que la ceremonia de cuenta pública se extendía más allá de lo presupuestado, y los presidentes teníamos poco menos que salir corriendo para llegar a la Plaza Sotomayor a la ceremonia de homenaje".

El Ministerio Público continúa investigando el millonario desfalco detectado al interior de Carabineros y ayer, tras la formalización de cargos realizada por la Fiscalía, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, accedió a decretar arresto domiciliario total para los 10 nuevos formalizados por asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos en la institución.

De acuerdo a lo explicado por la fiscalía, las 10 personas investigadas facilitaron sus cuentas corrientes para recibir depósitos millonarios que provenían de fondos de Carabineros.

Ayer, el fiscal Eugenio Campos aseguró que el monto total del fraude aumentó en $500 millones respecto a las estimaciones anteriores, alcanzando así un monto total que supera los $17 mil millones.

"Esta asociación operaba de manera permanente y estable en el tiempo, realizando maniobras de adulteración de los registros de la base de datos de Carabineros, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos, funcionarios en retiro, familiares de los mismos y civiles", dijo Campos.

Además, explicó que el total de imputados por este caso podría llegar a las 80 personas, ya que el próximo 9 de mayo, otras nueve personas serán formalizadas, completando así 44 personas involucradas en el caso.

La fiscalía acusa a los presuntos responsables de haber realizado, desde una cuenta institucional de Carabineros, transferencias millonarias de dinero que estarían dentro del rango de $75 y $250 millones.