Alfonso Levet

Sorprendido por el revuelo que causó la aparición de su nombre y el de otros cuatro funcionarios de todo el país entre los acusados por la Contraloría se mostró ayer el jefe del departamento de Equipos Médicos del Hospital Regional, Patricio Sáez.

"¿Por qué se me está acusando? No estoy seguro, porque se han dicho muchas cosas al respecto", afirmó el ingeniero a la prensa en dependencias de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), al interior del hospital.

Saéz aseguró no estar obligado a hacer una declaración de patrimonio debido a que su grado y escalafón jerárquico no lo requiere, ni lo permite.

"Las acusaciones de enriquecimiento, no declaración de patrimonio y lo referente a mi cónyuge es todo falso", añadió.

El jefe de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Concepción, abogado Javier Medina, afirmó que las acusaciones en contra de Saéz son por un presunto delito de negociación incompatible.

"(Sáez) hacía requerimientos y participaba de procesos en la comisión que decidía a quién adjudicar. Él tiene un sociedad de responsabilidad limitada con otra persona y esa sociedad habría sido la adjudicataria en una de esas licitaciones", explicó.

Medina dijo que el socio de Sáez también es funcionario del principal centro asistencial de la región.

De acuerdo al abogado, "tanto el Servicio de Salud como el Hospital Guillermo Grant Benavente reaccionaron con mucha antelación; estos hechos ya estaban en la justicia en el mes de noviembre de 2016".

El ingeniero de la UdeC, donde hasta el año pasado impartía clases de manera part time, asegura que "la ley dice que cualquier persona nacional o extranjera puede participar de los procesos licitatorios, porque son abiertos. Mi cargo no corresponde a directivo y por eso no tengo la contravención de poder operar".

Según Sáez, toda la situación se habría generado tras un problema puntual, que no detalló, con un funcionario que habría elevado los antecedentes a instancias superiores.

"Refuto todas las acusaciones. Lo que permite la ley es lo que se hizo. Se me autorizó y las mismas personas que me autorizaron después me acusaron", afirmó a La Estrella.

Evelyn Alvarado, presidenta de la Fenpruss del Hospital Regional, dijo que "hemos tomado la representatividad de nuestro asociado. Estamos estudiando la posibilidad de acciones legales en contra de quienes resulten responsables de esta serie de injurias y calumnias", ya que, aseguró, "lo tienen presumiendo culpabilidad cuando hay un proceso de investigación sumaria".

La dirigenta aseguró, además, que las acusaciones del Contralor General "carecen de argumentos legales".

Otra de las que salió a aclarar las acusaciones en su contra fue Daniela Moraga, jefa de Inversiones y Municipalidades en el Gobierno Regional del Biobío.

"Lo más complejo de la acusación es que es diametralmente distinta a la realidad que estoy viviendo", dijo la funcionaria, que reveló estar separada y en una compleja situación financiera.

"No tengo ni empresas, ni vínculos, ni nada y eso se va a constatar con datos concretos, lo puedo decir desde el momento en que me entero de la acusación. Soy una persona de carrera en el Gobierno Regional, llevo más de doce años trabajando acá", añadió.

Al respecto, el Intendente Rodrigo Díaz dijo que "no tenemos una notificación oficial, por lo tanto no sabemos cuál es el período que se está investigando. Esta es una funcionaria que ingresó el 2005 al Gore y que ha tenido distintas responsabilidades a lo largo del tiempo y no sabemos si lo que se está investigando es algo que ha acaecido en un año determinado".

Rodrigo Díaz expresó su voluntad de cooperar ante los diversos requerimientos porque, dijo, "es un bien jurídico superior la honorabilidad de este servicio".

"Se me autorizó y las mismas personas que me autorizaron después me acusaron".

Patricio Sáez,, jefe Equipos Médicos del HGGB"

2 funcionarios regionales fueron nombrados entre los acusados por la Contraloría.