Redacción

A más de dos años del estallido público del caso Caval, el fiscal que investiga el caso, Sergio Moya, afirmó que no imputará delitos a Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet y marido de Natalia Compagnon, quien sí está formalizada por delitos tributarios en el caso de especulación inmobiliaria en terrenos de la Sexta Región y que, además, está formalizada por estafa, por vender al empresario Gonzalo Vial Concha, informes mineros que en realidad habían sido escritos por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

"No se prevén nuevas formalizaciones en la investigación y, evidentemente, una persona no puede ser acusada si no es formalizada. No hemos podido establecer ningún hecho que revista carácter de delito que se le pueda imputar", dijo ayer el fiscal Moya.

"Lo que ha sido ampliamente difundido, y de alguna forma cuestionado, es su presencia en la reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, el señor (Andrónico) Luksic, pero esa presencia, en sí, no configura ningún ilícito en particular. Podrá ser analizado o ponderado desde otra perspectiva, pero desde el punto de vista penal no tiene ninguna relevancia", añadió.

Dávalos renunció en febrero de 2015 a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, tras estallido del caso. "Entiendo el malestar que ha generado esta situación y asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la Presidenta", dijo Dávalos al despedirse en La Moneda.

El juicio

Consultado respecto de si Dávalos podría declarar en el juicio, el fiscal afirmó que "una cosa es que no sea acusado y otra es que su declaración aporte antecedentes para el desarrollo de los hechos que tenemos que hacer en el tribunal oral".

Tampoco descartó citar a Andrónico Luksic y a la Presidenta Bachelet.

Moya recalcó que se recuperó la información del computador usado por Dávalos en La Moneda.

Ayer, también, el tribunal de Rancagua amplió en 80 días el plazo de investigación de la causa.

"No hemos podido establecer ningún hecho que revista carácter de delito que se le pueda imputar (a Dávalos)".

Fiscal Sergio Moya"

80 días adicionales dio el tribunal a la fiscalía para terminar la investigación del caso Caval.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Gabriela Rosende, aseguró ayer que han hecho la prueba y que las sillas de seguridad reglamentarias para niños de hasta nueve años, sí caben en los autos, por lo que pidió no buscar excusas para incumplir la ley que comenzó a regir ayer y que implica multas de hasta $139 mil para quienes no las utilicen. "Estuvimos instalando unos sistemas de retención infantil en un auto pequeño y cabían las tres sillas", dijo a Radio Cooperativa. "Existen diferentes sistemas de retención infantil e, incluso, hay algunos que se pueden instalar con los cinturones de a dos juntos", recalcó.

A 34 años de su fundación, la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis), dejará de existir, en medio de una severa crisis financiera.

Así lo confirmó ayer la jefa de la División de Educación Superior de la cartera, Alejandra Contreras, quien dijo que, tras evaluar "la matrícula y el plan, hemos estimado que no son suficientes para asegurar responsablemente la continuidad normal de las actividades académicas de Arcis".

Por este motivo anunció que han tomado "la decisión de solicitar el decreto" de término de la personalidad jurídica.

Frente a la esperable preocupación de los estudiantes, dijo que la cartera "cuenta con una beca de reubicación para que los alumnos tengan tranquilidad para poder seguir con sus estudios". Añadió que "universidades estatales y privadas de la Región Metropolitana" se han ofrecido para recibirlos.

El anuncio se realizó luego de que se reunieran cuatro estamentos de la comunidad universitaria, en la última sesión de la mesa de trabajo con el ministerio, y el administrador provisional, Patricio Velasco.

El plantel pasaba por una difícil situación financiera. En febrero, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretó su liquidación forzosa, producto de una deuda con una empresa por $85 millones. Sus deudas totales superaban los $1.200 millones.

A principios de marzo, el administrador provisional anunció que no se logró alcanzar la meta de 573 inscritos, para que la institución siguiera siendo viable. A primer año sólo ingresaron ocho alumnos.

Sandra Beltrami, presidenta de la federación de estudiantes, dijo ayer que "esto es una catástrofe para la educación chilena".