Jonás Romero Sánchez

El Gobierno anunció que le otorgará suma urgencia al proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas de transporte, conocida como "Ley Uber".

Así lo aseguró ayer la nueva ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, tras reunirse con dirigentes de los gremios de taxistas del país, durante su segundo día al mando de la cartera.

"Hemos conversado con los parlamentarios de la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y les puedo informar que vamos a dar la suma urgencia al proyecto de ley durante esta semana", dijo al salir de la reunión.

La medida implica que la iniciativa deberá ser despachada desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, donde ingresó el 25 de octubre del 2016, en un plazo no mayor a 15 días.

"sorpresa" del gremio

Tras la cita, el presidente de la Confederación Nacional de Taxistas (Confenatach), Luis Reyes, se mostró "sorprendido".

"Pensábamos que la renuncia del ministro Gómez-Lobo iba a significar que íbamos a empezar de cero y que se iba a ir todo al tacho de la basura (...), pero nos encontramos con la gran sorpresa de que la actual ministra nos recibió inmediatamente (...). Es una señal de cercanía con el gremio", afirmó.

Las plataformas

Actualmente, la aplicación de transportes Uber opera en siete regiones del país y, según sus estimaciones, cuenta con cerca de 49 mil choferes "permanentes". Por otra parte, Cabify funciona en el Gran Concepción, Santiago y en la Región de Valparaíso.

Agustín Guilisasti, gerente general de Cabify Chile, indicó a La Estrella que la asignación de suma urgencia al proyecto le parece "positiva", pero que, a su juicio, "se deben mejorar varios puntos del documento actual".

Carlos Schaaf, gerente general de Uber en Chile, señaló a Emol que no descartan reunirse pronto con la nueva ministra.

"(Tapia) dio una señal de cercanía con el gremio, dándonos incluso la sorpresa de la presentación de la suma urgencia".

Luis Reyes,, presidente de Confenatach."

25 de octubre de 2016 fue ingresado el proyecto. El 3 de enero de 2017, le asignaron urgencia simple.

"Necesito que vengan ahora (...) la señora está sangrando, apúrense". Así comienza la llamada con la que el menor de 17 años, identificado con las iniciales C.Q, denunció a Carabineros la agresión sufrida por Nabila Rifo la madrugada del 14 de mayo de 2016, en Coyhaique.

El audio fue dado a conocer ayer por Pablo Orellana, cabo de Carabineros quien declaró en el tercer día del juicio oral en contra de Mauricio Ortega, ex pareja de Rifo y único acusado del ataque.

Orellana reveló además parte de la declaración del menor que realizó la denuncia, donde se describía al agresor como "alguien de contextura delgada, de 1,70 a 1,75 de estatura". Para hoy se espera que médicos de la Posta Central de Santiago, recinto hasta donde llegó Nabila tras la agresión, declaren por video conferencia.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, afirmó ayer que, desde el punto de vista administrativo, la eventual responsabilidad de los funcionarios de Carabineros involucrados en el fraude cometido con dineros de la institución, que bordearía los $8.000 millones, estaría prescrita.

"Normalmente", dijo Bermúdez, "la responsabilidad administrativa de un funcionario prescribe en cuatro años (...), pero en el caso de Carabineros de Chile, prescribe en seis meses".

Según informó el general director Bruno Villalobos, los 17 oficiales involucrados en la malversación de fondos habrían defraudado un monto que podría ascender a los $8 mil millones, entre 2011 y 2015.

Actualmente, las posibles responsabilidades penales están siendo investigadas por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Mientras, ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se declaró incompetente en la causa por el fraude en Carabineros y remitió el caso al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Dos proyectos de ley, uno de la oposición y otro de la DC, fueron presentados ayer en la Cámara de Diputados para resolver problemas evidenciados con la norma que regula el cobro de estacionamientos, que debutó en febrero. Uno fue ingresado por José Manuel Edwards (IND), Jaime Bellolio (UDI) y Paulina Núñez (RN), mientras que el otro es encabezado por Marcelo Chávez (DC), el mismo que gestó la ley vigente, pero en cuyo espíritu original se consagraba una gratuidad para clientes de malls, lo que se rechazó. Por el contrario, la norma en régimen desató un alza en muchos de estos negocios, lo que llevó al Ejecutivo a anunciar que presentará los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para que indague los encarecimientos.