"De acuerdo a nuestras apreciaciones, no existen antecedentes suficientes para entablar un eventual requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia". Con esta resolución, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, puso fin a la investigación por colusión en el caso de los pañales Babysec y Huggies.

La cabeza de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sostuvo que en noviembre de 2015 se abrió una investigación al mercado de los pañales, en la que se estableció que "los ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC sostuvieron reuniones y contactos telefónicos, entre 2002 y 2009, cuyo objeto habría sido alterar las condiciones de competencia del mercado de los pañales, por la vía de propiciar alzas de precios".

"La información recabada(...) dio cuenta de que estos hechos y sus eventuales efectos, no se prolongaron más allá de 2009, de manera tal que a la fecha de recepción de la misma por parte de la fiscalía, ya se encontraban prescritos", añadieron.

Los antecedentes de este caso llegaron a la FNE como parte de la autodenuncia de la empresa CMPC, en otro caso: el de la colusión en el mercado del papel higiénico. Ayer, mediante una declaración, CMPC destacó que "ha prestado en todo momento la colaboración solicitada por la FNE" y que "ha implementado una serie de medidas internas" para evitar futuras infracciones.

Reacciones

El cierre de la investigación por la colusión en el mercado de los pañales fue rechazado ayer por el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, quien calificó la medida de "irregular".

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijo que pidió al fiscal Irarrázabal "dar a conocer todos los antecedentes relativos a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional Económica en este caso. La ciudadanía y las instituciones de la República merecen conocer todos los aspectos de la investigación".

Mientras, el fiscal Carlos Gajardo, escribió en su cuenta de Twitter que "para iniciar una investigación penal por colusión se requiere una denuncia de la FNE terminado el proceso administrativo. El tiempo pasa y la verdad huye"..

Actualidad

"Lamentable lo que pasó y que lo asuma con responsabilidad no más, pero ellos ya hacen cosas de grande. Uno ya dió todo por ellos. Si, ya conversamos con él y estaba mal", señaló a Chilevisión el sampedrino Raúl Órdenes Gajardo, padre de Raúl Órdenes Vega, uno de los ocho marinos procesados por instalar cámaras de seguridad en los ductos de ventilación de la fragata Lynch de la Armada para supuestamente espiar a sus compañeras de institución mientras se cambiaban de ropa.

En su barrio, en la Villa Victoria de Michaihue, los vecinos estaban reacios a hablar con la prensa, pero dijeron estar asombrados por el hecho del que se acusa al joven, a quien vieron crecer entre los pasajes del sector.

Varios vecinos coincidieron en señalar que la familia vive en dicho lugar desde al menos ocho años, mientras que el joven habría terminado la educación básica en la escuela José Miguel Carrera, ubicada a pocas cuadras del domicilio.

Durante gran parte del día, equipos de prensa intentaron comunicarse con algún familiar del marino. Sin embargo, según explicaron en el pasaje en donde viven, éstos se fueron temprano a Valparaíso, para pasar el Año Nuevo allá y acompañar al muchacho.

Cercanos a la familia, dijeron haber tomado contacto con ellos y que les señalaron que se quedarían por un mes en la Quinta Región, pero que no se volverían a referir al tema, ya que su representante legal les habría dicho que es un asunto que aún está en plena investigación.

Comandante

El comandante en Jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, calificó ayer como un "caso aislado", la causa que fue dada a conocer por La Estrella de Valparaíso.

"Es un hecho lamentable, que se aleja absolutamente de los principios y valores de la institución. Tenemos la certeza de que es un hecho aislado", dijo a Radio Bío Bío. "Fueron las mujeres las afectadas, y por eso vamos a tomar todas las medidas disciplinarias y legales", agregó.

Mientras tanto, el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, se desdijo ayer de sus dichos sobre el ingreso de mujeres a la Armada, luego de que el jueves señalara que eran previsibles estos casos. El almirante (R) y ex senador dijo el jueves que, cuando encabezó la Armada, entre 1997 y 2001, se opuso "terminantemente al ingreso de mujeres a la Armada (lo que ocurrió en 2007) por todas estas cosas que se podían prever".

Ayer el ex comandante dijo a T13 que ése "era mi criterio hace veinte años", pero que "las mujeres han sido un aporte sustantivo y hoy están integradas (...). Tienen la opción de ser comandantes en jefe".

La vocera de gobierno, Paula Narváez, respondió ayer a la petición de cuatros reos del penal de Punta Peuco, quienes solicitan el indulto presidencial, para que la Presidenta Michelle Bachelet los visite en la cárcel y así pueda constatar, en persona, su estado de salud. Al respecto, la vocera sostuvo que "no corresponden emplazamientos de este tipo, lo que corresponde aquí es entender que las personas que están privadas de libertad en ese recinto, lo están por delitos de lesa humanidad". Añadió que "respecto de la situación de salud de cada uno de esos internos, Gendarmería tiene los protocolos indicados para actuar según corresponda, tenemos tratados internacionales al respecto (...). Los derechos de esas personas están preservados".