Jonás Romero Sánchez

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, asistió ayer a la comisión del Congreso que estudia la pertinencia de la acusación constitucional presentada en su contra. La acción fue interpuesta en agosto por el diputado René Saffirio, y podría derivar en su destitución.

Blanco, junto a su abogado, Jorge Correa Sutil, se defendió ayer de los cuestionamientos por su desempeño frente a las muertes ocurridas en casas controladas por el Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo que depende de su cartera: "Hemos impulsado iniciativas como la creación del defensor del niño y la subsecretaría de la infancia. Además de una inversión importantísima de siete mil millones de pesos en infraestructura. Esto es insuficiente, pero marcará un antes y un después".

La acusación se basa en que, de acuerdo a la presentación, Blanco habría infringido la Constitución, incumplido leyes y comprometido el honor de la Nación.

El primer punto tiene relación con la divulgación de informes que descartaban el número de menores fallecidos, dado por el servicio. Al respecto, Blanco recalcó que "a una ministra no se le puede responsabilizar por tener la rigurosidad de no dar una cifra que no sea certera y correcta. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es un ejercicio responsable de levantar información, que no se ha hecho".

Correa Sutil acotó que "los ilícitos que se imputan a la ministra son confusos y contradictorios". Blanco agregó que "el gran error es querer generar, a través de esta instancia, un juicio político". El ex ministro de Educación, Harald Beyer, respaldó a Blanco por las acusaciones. Por la tarde, Blanco volvió al Congreso por la segunda acusación, vinculada con Gendarmería de Chile.

2 órganos dependientes de Justicia han sido cuestionados por los parlamentarios: el Sename y Gendarmería.

Este lunes se lanzó la campaña "Córtale al fraude", iniciativa conjunta de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Gobierno, para evitar las estafas telefónicas. Algunos de los consejos entregados por los organismos fueron comprobar siempre la información ante un llamado pidiendo ayuda, no entregar nombres o datos de las personas supuestamente involucradas y siempre denunciar este tipo de fraudes, para así "no seguir alimentando el engaño", aseguró el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, en entrevista con TVN. Añadió que "usan mucho el argumento de que Carabineros les dijo que llamaran y eso jamás puede ocurrir. Carabineros nunca le pide a un tercero que llame para dar aviso", recalcó.

La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer sus alegatos en el juicio político que se desarrolla en su contra. Ante el pleno del Senado, integrado por 81 parlamentarios, dijo que "estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado".

Acompañada por el ex presidente Lula Da Silva, y arengada por sus seguidores en las afueras del Congreso, articuló un duro discurso frente a los senadores.

La mandataria es acusada de haber realizado gastos sin la aprobación del Congreso y de haber postergado pagos a la banca, para manipular las cuentas públicas, en el período previo a su reelección de 2014. Al respecto, Rousseff aseguró que "vengo para ver directamente a los ojos a sus excelencias y decir, con la serenidad de los que nada tienen que esconder, que no cometí ningún crimen de responsabilidad. No cometí los crímenes de los cuales soy acusada injusta y arbitrariamente".

Añadió que "jamás he tomado dinero para beneficiarme a mí misma, ni a mi gobierno. No tengo fondos afuera de Brasil y siempre he sido honesta sobre todas mis posiciones en el gobierno".

Respecto de una eventual destitución, que dejaría al vicepresidente Michel Temer en el poder hasta 2018, dijo que lo que está ocurriendo son "pretextos para permitir un golpe a la Constitución, un golpe que, si es consumado, resultará en la elección de un gobierno usurpador".

La audiencia de ayer es la parte final del juicio político o "impeachment", que se inició el 12 de mayo. Para que se concrete la destitución, se necesitan 54 votos a favor, de los 81 senadores presentes. En caso contrario, Dilma volvería al cargo de manera automática. Rousseff prometió que, si es absuelta, llamará a una consulta popular para plantear elecciones anticipadas.