"No puedo sino rechazar categóricamente que eso sea efectivo. Quiero dar la cara, y declarar que fui sobreseído del caso", afirmó ayer el diputado por la Región de O'Higgins, Ricardo Rincón, luego de que se revelara una denuncia de por violencia intrafamiliar de 2002, en la que una ex pareja lo acusaba de supuestos maltratos y golpes.

A raíz de ello, el diputado de la Democracia Cristiana ofreció un punto de prensa en la sede del Congreso en Valparaíso. Sin aceptar preguntas por parte de la prensa, aseguró: "Siempre he condenado todo tipo de violencia y sobre todo la de género. Los hechos que están ahí señalados fueron juzgados en una instancia penal de la que fui totalmente sobreseído en 2006, pero nada se dijo de ello".

Previo al punto de prensa, diputadas y senadoras de diferentes sectores repudiaron las agresiones. Desde la UDI, la diputada Claudia Nogueira, afirmó que "la violencia de género es algo completamente condenable, venga de quien venga".

Mientras, Isabel Allende, senadora del PS, afirmó en declaraciones a La Segunda que "no vamos a aceptar casos como éste, la norma del PS es que nadie que haya enfrentado una denuncia por violencia puede ser candidato".

Además, la senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, condicionó la permanencia de Rincón en las filas de la falange, asegurando que la comisión de ética de la falange se encuentra analizando el caso, y declaró que "hay que condenar cualquier situación de violencia".

Ante la gravedad de los hechos, y a pesar de haber rechazado las acusaciones, el propio Rincón solicitó su salida de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, según informó ayer el diputado Fuad Chahín.

Luego de una reunión sostenida entre personeros de gobierno y representantes de las AFP, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, negó que el Ejecutivo se encuentre trabajando en cuatro proyectos de ley en relación a la reforma del sistema de pensiones, y precisó que, por el momento, solamente se seguirá con la tramitación de la AFP estatal. "No hay ningún proyecto del Ejecutivo salvo la AFP estatal, el cual ya está en discusión parlamentaria", indicó la secretaria de Estado. Además, en la cita se confirmó que las seis AFPs y la Superintendencia conformarán una mesa de trabajo con el gobierno para buscar acuerdos en relación a la futura reforma anunciada por el Ejecutivo hace una semana.

Jonás Romero Sánchez

En un comunicado dado a conocer la tarde del miércoles, el Grupo Laureate salió a defenderse de las críticas de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien afirmó en la víspera que "por algún lado están sacando el lucro". Todo esto, luego de que el grupo controlador de las universidades Andrés Bello, de las Américas y Viña del Mar, declarara ante un ente regulador de Estados Unidos que "somos una empresa con fines de lucro, pero con el profundo compromiso de beneficiar a la sociedad".

"Rechazamos tajantemente las inapropiadas declaraciones formuladas por la ministra de Educación, ya que, de manera desinformada, acusa a Laureate Chile de infringir la Ley, sin tener un sustento legal que la avale", afirmaron en la carta.

Agregaron que su ingreso y operación en Chile fue autorizada por el Estado "a través de seis contratos de inversión extranjera firmados con los diversos gobiernos que se han sucedido desde el año 2001".

Investigación penal

El caso, dado a conocer por La Tercera, también tiene una arista penal. En entrevista con El Pulso, el fiscal Carlos Gajardo afirmó que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación sobre los posibles delitos tributarios del Grupo Laureate en el país.

El fiscal precisó, eso sí, que si bien en Chile el lucro está prohibido por ley, no está tipificado como delito.

Por ello, dijo, el objetivo de la fiscalía sería comprobar posibles infracciones tributarias. Recalcó que ya informaron al Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes tendrán que decidir si denunciarán a Laureate o si, eventualmente, querellarán por los hechos. En todo caso, Gajardo aseguró que, según sus indagatorias, se constataron "operaciones que podrían ser constitutivas de algún ilícito".

Críticas

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, dijo ayer que "si la ministra no hace las acciones legales que corresponda, se va a poner en una situación muy parecida a la del ministro Harald Beyer", que fue destituido en 2013, tras una acusación constitucional.

El caso también fue rechazado ayer por representantes de los estudiantes de la Universidad Andrés Bello.