Cecilia Bastías Jerez

Valientemente una estudiante de 22 años, decidió hacer público a través de la redes sociales un hecho que la afectó mientras transitaba por Concepción. Según relató, al bajarse del microbús que la traía desde Lota, en calle Castellón con Los Carrera, ella caminó en dirección hacia Tribunales, porque tenía una cita al médico. La joven iba con su mochila a eso de la 8:30 de la mañana del martes cuando un hombre se le cruzó.

"Pasó, porque venía en dirección contraria y murmuró algo que no sé qué fue, debió ser algo asqueroso. Y me manda un agarrón en la entrepierna", contó la joven que por motivos obvios mantuvo en reserva su nombre. "Ahí quedé en shock, sin saber qué hacer y me di vuelta y le grité, salió corriendo. En un minuto pensé en seguirlo, pero podría tener algún arma o me podía pegar", detalló.

"Pensé en denunciarlo, pero no quise, porque no lo pescan a uno. Además justo vi en la noticias un caso de un tipo al que lo dejaron libre por falta de pruebas. Por eso mejor pensé en funarlo públicamente", señaló la joven, quien comentó que probablemente haría la denuncia ante Carabineros de todas formas.

"Andaba con jeans, con un cortaviento azul eléctrico, con una huincha blanca en el pecho, medía 1,67 tiene partidura hacia el lado, es moreno". Esa es la descripción que esta mujer se encargó de publicar para prevenir a otras chicas que pudieran encontrarse con este hombre.

"Lo más curioso es que como yo decidí huir, cuando iba llegando a Freire miré hacia atrás y el tipo se vuelve a colocar en la misma esquina como si nada", comentó.

Vendedores del lugar comentaron que no vieron nada extraño, pero que si lo hicieran ellos mismo increparían al sujeto.

8:30 de la mañana fue el momento en que la joven fue atacada en plena calle Los Carrera.

45 por ciento del acoso callejero implica tocaciones y roces, según sondeo de OCAC Chile.

Diversas reacciones generó ayer entre la comunidad de Curanilahue la información que daba cuenta que por una deuda impaga, la empresa Frontel habría cortado el suministro de energía eléctrica del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de la ciudad.

La información rápidamente se masificó a través de las redes sociales, por lo cual el superintendente del Cuerpo de Bomberos de la comuna minera salió a aclarar el hecho. "La situación se produjo debido a una deuda que fue dejada por la empresa que estuvo a cargo de la construcción de nuestro cuartel. Cabe aclarar que por ley, bomberos no cancela dicho servicio, sin embargo, por desinformación o mal entendido, la empresa cortó el servicio, pero al paso de las horas lo reestablecieron luego de ser aclarada la situación", explicó a La Estrella el superintendente Néstor Antillanca.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el servicio fue rápidamente repuesto. Cabe señalar que la deuda impaga que existe deberá ser cancelada por la empresa contratista que estuvo a cargo de la construcción de dicho cuartel.

"Se produjo debido a una deuda de la empresa que construyó nuestro cuartel"

Néstor Antillanca

El abogado Alfredo Morgado, representante de 19 familias de fallecidos y un lesionado en el tsunami de febrero de 2010, se refirió ayer al argumento que entregó la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente en cuanto a que el acuerdo con los imputados permitiría a los familiares de víctimas obtener una reparación mayor a la que tendrían derecho incluso una vez finalizado un juicio.

Este profesional representa a familias de Dichato y Talcahuano, entre otras localidades del país. "Tuvimos una reunión con el fiscal el lunes en la tarde. Los querellantes que representamos a los familiares manifestamos nuestro rechazo de este acuerdo sostenido entre la Fiscalía y los imputados", indicó.

"Se habló de una compensación de 245 millones de pesos a favor de los familiares de la víctimas y un seminario técnico de los errores cometidos. Pero no hay dinero alguno que pueda reparar el tremendo daño causado sobre todo cuando hablamos de vidas humanas", afirmó a La Estrella.

Oportunidades

Según el abogado, "en el juicio oral se hubiera permitido escuchar a los propios imputados y que declararan los más de 650 testigos que estaban como prueba aportada por el Ministerio Público", indicó.

"Para la propia Presidenta hubiera sido bastante valorable tener la oportunidad de dar su versión de los hechos. En esa instancia, ese espacio de máxima transparencia, ya no se podrá dar", estableció.

En cuanto a las acciones que llevarán a cabo como querellantes, Alfredo Morgado señaló que realizarán su argumento ante el Tribunal de Garantía. "Y en su oportunidad tendremos que apelar a la Corte de Apelaciones", indicó el profesional.