Si bien las obras comenzaron la semana pasada, ayer las autoridades regionales, junto a vecinos de Lorenzo Arenas, dieron inicio oficial a los trabajos en avenida 21 de Mayo, que forman parte del corredor de transporte público Concepción Talcahuano. En la oportunidad, el intendente Rodrigo Díaz indicó que ante los inconvenientes que trae consigo una obra de tal magnitud "los vamos a tratar de soslayar de la mejor manera posible, tratando de contar, en horarios peak, con apoyo de carabineros para poder hacer más fluido el tránsito". Añadió que junto al Serviu, el municipio y la comunidad han acordado ir adecuando los trabajos "para que generen el menos impacto posible a la población".

Al respecto, el seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Miguel Ángel Hernández, indicó que dentro de las medidas que se evalúan está habilitar la vía ya no de forma bidireccional, como ha sido hasta ahora, sino que un par vial. "Es decir, que la circulación hacia el centro de Concepción se haga en dos pistas por avenida 21 de Mayo, y de Concepción hacia Talcahuano se haga por calle Marina de Chile en dos pistas también", explicó.

Por su parte, el dirigente vecinal Rómulo Valdebenito llamó a los pobladores a cruzar en los lugares señalizados y a los conductores a respetar los semáforos y a los peatones.

600 días es el plazo de ejecución de las obras, que se espera estén listas a fines del 2017.

Gonzalo Cifuentes Uribe

Daniel Durán y Lizardo Gutiérrez fueron una de las parejas que, tras la aprobación de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, pudieron celebrar formalmente su compromiso. El problema es que aseguran que tal acuerdo no ha funcionado del todo. "Hice la gestión para ingresar a mi pareja como carga en la Caja de Compensación Los Andes, pero lo rechazaron", denunció Durán, quien aseguró que "me dijeron que no había ningún instructivo que posicione a los convivientes civiles como familia".

Por lo anterior, pidió asesoría al Sindicato Nº2 de la Universidad de Concepción, su lugar de trabajo, quienes le contactaron con los abogados Catalina Cano y José Ignacio Castillo.

"Interpusimos un recurso de protección por lo sucedido, pero fue rechazado, por lo que ahora lo haremos en la Corte Suprema", señaló la abogada.

Según explicaron, la Corte de Apelaciones habría rechazado el recurso, ya que existiría un vacío legal: la ley 20.830 no cambió un Decreto de Ley que data de 1981, el que indica que un conviviente civil no puede ser carga familiar.

Con respecto al vacío legal, Castillo comentó que "no es tan efectivo que haya un vacío legal. La ley 20.830 habla de carga familiar y por otro lado está la constitución, que ampara la igualdad ante la ley".

Tienen apoyo

Las muestras de apoyo para Durán y Gutiérrez no se hicieron esperar, por lo que a la Corte de Apelaciones los acompañó el coordinador del Bío Bío de la Fundación Iguales, Carlos Torres, y también el senador Alejandro Navarro.

"Yo voté a favor de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, porque era para proteger los derechos de las personas", declaró el senador, quien asegura que la caja de compensación "cometió una discriminación con Daniel y Lizardo".

"La Corte Suprema debería acoger el recursos, de lo contrario la Ley 20.830 no tendría ningún sentido. Vulneraría lo que busca proteger", agregó.

Ante eso, Daniel Durán explicó que "no puede ser que un Decreto de 1981 esté por sobre una Ley firmada en 2015".

El coordinador de Iguales, en tanto, manifestó que "estamos súper molestos por la situación de los muchachos. Creemos que es un acto de discrminiación y ojalá marque un precedente positivo para todas las parejas".

22 de octubre de 2015 se celebraron los primeros AUC en Chile, tras entrar en vigencia la ley.