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Luego de un poco más de un año de trabajo, ayer el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) entregó a la Presidenta Michelle Bachelet su informe sobre las políticas de suelo para la integración social, propuestas que fueron aceptadas por la Mandataria, quien prometió que muy pronto presentará proyectos concretos al respecto. A más tardar, el próximo 21 de mayo.
El informe del consejo, liderado por Luis Eduardo Bresciani, busca atender la segregación urbana de los sectores más vulnerables y su efecto en la exclusión social; la desigualdad en la calidad de vida urbana entre comunas y barrios y la especulación del mercado del suelo, que distorsiona los precios, ámbito que cobró mayor relevancia por la venta de un terreno en Machalí de la empresa Caval, de la nuera de la Presidenta.
La comisión habría planteado cobrar un impuesto a la utilidad que provoque en el precio inicial la construcción de obras públicas, como el Metro u otras, según informó ayer El Mercurio.
Las medidas apuntan a perfeccionar el mercado, limitando las excepciones tributarias que generan desigualdad entre propietarios y fomentan la especulación de terrenos. Bachelet dijo que eso debe terminar.
Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, dijo no entender qué más impuestos se podrían incluir, ya que actualmente si el negocio lo hizo una persona jurídica la utilidad tendrá un tributo de hasta 35% y si es persona natural sería similar. Además los bienes pagan contribuciones.
"La especulación inmobiliaria no me parece una expresión muy feliz, porque eso lo hacemos todos los chilenos todos los días. Acá el problema es utilizar información reservada y el tráfico de influencia en estas transacciones. Eso es lo irregular", dijo a . Agregó que, como agrupación, "siempre hemos dicho que el traspaso de un bien de rural a urbano tiene que ser con condiciones".
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que formó parte del consejo, dijeron estar conformes con la mayoría de las propuestas, excepto con las que tendrán "costos finales mayores que sus beneficios". Consideran que en ciertos casos se optó por privilegiar la localización de nuevas viviendas de interés social y no por focalizar los esfuerzos en resolver la situación más crítica: la de familias que conviven en entornos con severos déficit de equipamiento. J
