l Luis Cifuentes Villegas

Siete meses lleva un grupo de aproximadamente 80 familias, pertenecientes a diferentes comités agrupados en el Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), viviendo en toma en casas construidas en el sector de Las Princesas II, en Concepción. La gran mayoría proviene de comités de vivienda de Lorenzo Arenas y Barrio Norte, en Concepción, y de Talcahuano. Durante el día de ayer, un grupo de dirigentes de organizaciones pertenecientes a la Fenapo llegaron con pancartas a manifestarse en la Plaza Independencia a la espera de una solución al problema, que se arrastra ya por más de medio año.

Claudio Melgarejo (50), vocero de la toma a la que denominaron "Por Una Nueva Esperanza, Pobladores en Lucha", explicó que el drama se inicia por un problema entre privados, del banco y a la constructora que inició el proyecto inmobiliario en el sector.

"Hace siete meses llegamos a tomarnos las casas que están en conflicto", subrayó el representante de las familias en toma, señalando que no pretenden quedarse con las viviendas, sino luchar por los terrenos que se ubican al lado de las edificaciones.

La gran mayoría de estas viviendas presentan un 90% de avance y abarcan una superficie de unas 6 hectáreas, quedando un área de 10 hectáreas disponibles para la construcción de un barrio integrado, que consiste en la interacción de casas de clase media con viviendas sociales, señaló Melgarejo. "Nuestra intención no es quedarnos en esas casas, nosotros lo que queremos es que el Estado se haga parte en este conflicto y expropie los terrenos que están al lado de las viviendas", explicó.

vivir en la toma

Tras siete meses ocupando las viviendas, los vecinos han dado cuenta de su organización. En la toma participan cuatro comités de vivienda: Movimiento de Pobladores en Lucha; Comité Esperanza por una Vida Mejor, 18 de Septiembre y Camino a Nuestro Hogar, que en un comienzo se instalaron y realizaban ollas comunes, para luego ir efectuando arreglos en los espacios al punto que actualmente cuentan con una especie de sede social propia e incluso una biblioteca comunitaria.

"Hay muchas personas que ocupaban estos sectores para tomar, drogarse y hacer fuego en las casas que están desocupadas, entonces, a la vez de cuidar esto, tenemos que proteger a nuestras familias", sostuvo Richard Oviedo (36), quien está a cargo del grupo de seguridad y emergencia de la toma.

El ingreso al sector de las viviendas está cerrado con reja y una cadena con candado. Scarlet Poza (27), presidenta del Comité Pobladores en Lucha, relató que "la vida acá es bien sacrificada y el acceso es bien restringido, no entra cualquier persona y menos los desconocidos". Cuando llega una persona que no pertenece a la toma, se tiene que comunicar a través de celular para que le vayan a abrir el candado.

En el lugar existía una bodega donde los maestros de la constructora guardaban sus herramientas y algunos materiales, espacio que los vecinos convirtieron en sede social, donde todos los jueves realizan reuniones generales en la que participa la mayoría de los vecinos que permanecen en la toma.

En el lugar, según cuentan, realizan también actividades como completadas y bingos, para reunir fondos para sus actividades, además de ciclos de cine para los niños. Asimismo, una de las casas fue convertida en biblioteca comunitaria, la que está abierta de jueves a sábado, de 18 a 20 horas, según señala un letrero escrito a mano en la entrada.

También llevan un boletín mensual, a cargo de Nicolás Saavedra (25). "Surgió con la vida comunitaria que se ha generado en esta ocupación, lo que ha hecho necesario crear canales de comunicación y buscamos potenciarlo mediante la escritura y el papel. Es una manera bien sencilla para que los vecinos redescubran el placer por leer", señaló el profesor de historia.

mesas de trabajo

Hace un mes, representantes de los comités se reunieron con el subsecretario de Vivienda Jaime Romero, quien visitó la zona, tras una serie de medidas de presión que efectuaron los pobladores, como la toma de las dependencias del Serviu en Concepción. Claudio Melgarejo sostuvo que en dicha reunión las autoridades les señalaron que el Estado no podía intervenir en conflictos de privados.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), señalaron que están desarrollando una mesa de trabajo en conjunto con las organizaciones para identificar los problemas y desarrollar una línea de trabajo que permita encontrar las soluciones de la problemática que tienen los vecinos. J

l Uberlinda Gatica (67) fue otra de las personas que se manifestó ayer en la plaza, por un problema distinto al de Las Princesas, pero relacionado con el tema habitacional: ella representa a 11 expropiados de Coronel, quienes se fueron a juicio con Serviu. "Lamentablemente perdimos las 3 instancias", sostuvo Gatica. El problema, señaló la vecina, es que se demolieron los edificios sin informar. "Los departamento que costaban entre $14 a $18 millones nos pagaron $1.400.000, lo que es un abuso", dijo la mujer que vivía en Cristo Redentor, Camilo Olavarría.

"Nuestra

intención no es

quedarnos en

estas casas".

Claudio Melgarejo