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Ayer se cumplieron 4 años del incendio que terminó con la vida de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel. Desde entonces, las familias de las víctimas han interpuesto 20 demandas de indemnización en contra de Gendarmería.
Los familiares acusan a la institución por "falta de servicio" y pretenden obtener indemnizaciones por el daño moral causado por la muerte de sus seres queridos. En total, solicitan la suma de $44.450 millones de pesos, cerca de US$72 millones.
En las demandas, se reclama la responsabilidad de Gendarmería en la muerte de los reos, ya que los funcionarios estaban a cargo de su custodia y no "intervinieron para sofocar una riña que dio origen al incendio" y "no propiciaron las actuaciones debidas para evitar la tragedia".
En todas las presentaciones se cuestiona que la alarma del incendio "no fue dada a Bomberos por el propio personal a cargo de la custodia, sino que por un recluso a través de un teléfono celular", y que se perdieron minutos importantes revisando a los voluntarios que concurrieron a sofocar el fuego. También se culpa al Estado de tener "en malas condiciones" las redes internas, sin que hubiese el agua necesaria para sofocar las llamas, la falta de extintores y no contar con vías de evacuación. A eso se suma el hacinamiento de 300% que afectaba al penal.
A juicio de los demandantes, se debe responder al "dolor profundo, angustia, e impotencia" de las familias.
Según la información oficial, la tragedia comenzó a las 5:10 horas, a causa de la disputa entre 2 bandas rivales dentro del 4º piso de la Torre 5 del complejo penitenciario, originada por el deseo de expulsar a un interno del lugar donde dormía. Uno de los reos que participaba del hecho utilizó un lanzallamas artesanal, fabricado con un balón de gas y un tubo de plástico, lo que produjo que se encendieran elementos altamente inflamables, como colchones y ropa, dentro de la edificación. J
l Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que representa a Gendarmería en estos litigios- afirma que no hay responsabilidad del fisco, pues el siniestro se debió a la acción de los reclusos. El CDE sostiene que la muerte de los reos "no fue causada por la negligencia de los agentes públicos, sino del riesgo directo que asumieron quienes provocaron el incendio". Y agrega que los gendarmes auxiliaron a las víctimas con la ayuda de los bomberos, quienes intentaron extinguir el fuego. El organismo también pidió al tribunal dejar fuera del daño moral a personas que no tienen un vínculo familiar más cercano con las víctimas, como los hermanos.
