Alfonso Levet G.
Abiertos, sin fallo judicial ni fecha de cierre continúan los procesos penales canónicos contra los sacerdotes Hernán Enríquez, Reinaldo Méndez, Santiago Rubilar y Hugo Márquez, este último ya fallecido.
Desde el Arzobispado de Concepción se informó que "los procesos penales canónicos de los cuatro sacerdotes están abiertos y al término se comunicará el fallo judicial. No tienen plazo de cierre".
Asimismo, se informó que "el Arzobispo (Fernando Chomali) nombró, para los procesos penales canónicos, jueces instructores de otras diócesis".
La medida cautelar impuesta es la restricción del ministerio público, la que se aplicó en todos los casos y se mantiene hasta el fin del proceso.
Casos pendientes
A fines de 2018 el Arzobispado informó que las investigaciones eclesiásticas en contra de los sacerdotes Reinaldo Méndez, párroco en Hualqui, y los presbíteros Hugo Márquez y Santiago Rubilar, habían sido enviadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Con anterioridad, también en 2018, una carpeta similar fue enviada a Roma, con los antecedentes del sacerdote Hernán Enríquez.
En el caso del sacerdote Reinaldo Méndez, el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Sergio Caro, reabrió una causa que había sido archivada en 2017.
Consultado el Ministerio Público por el estado de aquella investigación, se informó que fue traspasada al fiscal regional Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien fue designado por la Fiscalía Nacional.
Lentitud y silencio
Desde la Red Laical de Concepción se criticó la falta de comunicación respecto del avance de los casos investigados por la Arquidiócesis.
"Creemos que además de la lentitud en los procesos, falta transparencia. No hay una política de informar, en la página web no hay información. No hay informes ni a la opinión pública, ni a las víctimas", señaló Augusto Fuentes.
Según el vocero, las víctimas tampoco se sentirían acogidos. "La percepción que tenemos, por lo que nos llega de los sobrevivientes, es que no hay un acogimiento ni un proceso de escucha a los sobrevivientes. Todos los gestos son un poquito forzados, porque salen en la prensa, pero es un poco a presión", manifestó.
Fuentes explicó que debido a esa poca información que acusan, es que tampoco tienen expectativas concretas respecto de las resoluciones que se pudieran tomar, porque se desconocen los avances.
El vocero de los laicos penquistas hizo un llamado a que se disponga de un periodo de reflexión. "Haría un llamado a don Fernando (Chomali) para que sigan un proceso con los sacerdotes de la diócesis, de revisión de conductas de su historia sacerdotal, que tengan un proceso de introspección y, no esperar a que aparezcan las denuncias", señaló.
Carol Crisosto, integrante de la red nacional de laicos, lamentó a su vez que "es lento todo esto".
Explicó que ha estado en contacto con las víctimas denunciantes y, en su parecer, "por el bien de la Iglesia y de las víctimas, por una iglesia apegada al evangelio, la dimisión clerical es el paso a seguir. También la reparación de las víctimas, que es su sanidad, ayuda siquiátrica, sicológica y acompañamiento".
Crisosto también criticó la lentitud de los procesos, afirmando que "las sentencias no se pueden ejecutoriar cuando las personas acusadas están muertas, pero sí se pueden tomar medidas reparatorias para las víctimas".
En su opinión, es altamente probable que existan casos aún no denunciados, "al no haber avances, a las personas que sufren abusos se desmotivan".
"Además de la lentitud en los procesos, falta transparencia. No hay una política de informar".
Augusto Fuenes,, Red Laical