En junio de 2016 entró en vigencia la Ley 20.920 que establece el marco para la gestión de residuos: la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, que establece que todos los productores o importadores de seis "productos prioritarios" -aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, y neumáticos- deben hacerse cargo de los bienes, una vez que terminan su vida útil. Para esto, la ley establece metas de recolección diferenciadas por producto.

Desde lo ambiental, esto es algo positivo, ya que hay que entender que cada vez que un material es reciclado, le estamos dando un respiro a los recursos naturales. Además, la ley regulariza y fomenta un mercado de reciclaje, impulsando así la economía. Quizá no lo vemos, pero cada vez que compramos un bien, estamos motivando a que alguna empresa en el mundo extraiga más recursos naturales y utilice insumos como agua y energía para elaborar un nuevo producto.

Lo anterior provoca una escasez de recursos y la generación de residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas; básicamente Gases de Efecto Invernadero (GEI), cuantificados mediante un indicador conocido como huella de carbono. Por lo anterior, cada vez que reciclamos un material, estamos, reduciendo la cantidad de recursos asociados a la producción de un nuevo producto, además de evitar las emisiones de GEI, generando materias primas, con bajo impacto ambiental.

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