Intendencia anuncia tolerancia cero a supuestas irregularidades
El fiscal nacional Jorge Abott designó a Raúl Guzmán para investigar las denunciadas presentadas por la Contraloría en contra de más de 100 funcionarios en todo el país. Indagaciones alcanzarían al Hospital Regional.
Altos funcionarios sin propiedades a su nombre, trabajadores de nivel medio con cinco autos de lujo y cónyuges de funcionarios que prestaban servicios al Estado, son algunas de las 114 irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, en distintas jefaturas de finanzas.
Dentro de los casos calificados por el contralor Jorge Bermúdez como "sospechosos o que podrían ser constitutivos de delito", cinco fueron denunciados al Ministerio Público, organismo que iniciará una investigación por el eventual delito de negociación incompatible, a cargo del fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán.
Según indicó Bermúdez, las irregularidades fueron descubiertas contrastando las declaraciones de patrimonio de 320 funcionarios con los registros de servicios como Impuestos Internos o el Registro Civil.
"Hemos encontrado funcionarios que, pese a tener remuneraciones sobre los $4 millones, no tienen ningún patrimonio a su nombre ni el de sus familiares (....) o, el caso del cónyuge de un funcionario que tiene más de $2 mil millones en bienes inmuebles de avalúo fiscal, y eso nos parece raro", dijo Bermúdez en la conmemoración de los 90 años del organismo.
Mientras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que "éste es un primer cruce de información que se produce a raíz de la actualización de declaraciones de patrimonios e intereses y, en consecuencia, uno podría prever que en un futuro aparezcan otras situaciones irregulares".
En concepción
De acuerdo a lo consignado por el portal de noticias Emol, el fiscal nacional instruyó al fiscal Guzmán investigar los alcances de esta denuncia al interior del Gobierno Regional del Bío Bío y en Hospital Regional Guillermo Grant Benavente.
Al ser consultados por este caso, desde la Fiscalía Regional del Bío Bío se indicó que no se referirán al tema, ya que el persecutor desginado es el de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, quien deberá indagar las denuncias que involucrarían a más de 100 funcionarios públicos a lo largo del país. "Podría haber más casos, espero que no, pero sí podría haber más", indicó el contralor Bermúdez a diversos medios.
Desde el Gobierno Regional del Bío Bío, en tanto, comunicaron a La Estrella que "si bien hasta hoy no hemos sido notificados formalmente del tema aludido, la política del Intendente Rodrigo Díaz es tolerancia cero con cualquier irregularidad que pueda ocurrir al interior del Gobierno Regional del Bío Bío".
El comunicado añade que "en esa línea el Gobierno Regional del Bío Bío ha facilitado y facilitará toda la información que solicite Contraloría o el Ministerio Público y acatará siempre las decisiones que dictaminen estos organismos".
Consultados por el tema por La Estrella, desde el Hospital Regional se comprometieron a emitir una respuesta en las próximas horas.
Obras públicas
El ministro de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga, emplazó a individualizar a los involucrados, "para que no se manche la reputación de todo un organismo".
Undurraga indicó que entre los cinco casos que investigará la Fiscalía, está el de una de las jefas de finanzas del MOP, cuyo cónyuge vendía servicios al ministerio. Undurraga, sin embargo, no se refirió a montos ni a la clase de servicios prestado.
"el Gobierno Regional del Bío Bío ha facilitado y facilitará toda la información que solicite Contraloría o el Ministerio Público y acatará siempre las decisiones que dictaminen estos organismos"".
Gobierno Regional del Bío Bío"
Nueva facultad
Bermúdez explicó que estos hallazgos se realizaron gracias a una nueva facultad que permite a Contraloría contrastar los datos de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos con información proveniente del Registro Civil, conservadores de bienes raíces y el Servicio de Impuestos Internos (SII) , algo que no se podía hacer antes de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad. "Estamos recién estrenando esta facultad, y esta se ejercerá de manera permanente", dijo Bermúdez, quien recalcó que el el viernes 31 de marzo vence el plazo para que todos los funcionarios públicos realicen sus declaraciones.
114 Fueron los casos "sospechosos" o que podrían constituir hechos delictuales.