Andrea Neguiman Pozo
Diego tiene 31 años y durante el 2015 tuvo que realizar servicio comunitario para saldar una multa de tránsito por manejar sin licencia de conducir. "En esa oportunidad me encontraba sin trabajo, entonces, le pedí a la jueza que me bajara el valor del parte lo máximo que pudiera. Sin embargo, me dijo que no lo haría, a cambio me ofreció la posibilidad de pagar con trabajo", comentó a La Estrella.
Al aceptar la medida, el chorero se tuvo que poner a disposición de las autoridades del Colegio Huachipato, en Higueras, donde finalmente prestó colaboración. "Tuve que ir durante cinco días, todas las mañanas. Por mi profesión de diseñador gráfico, ayudé en la realización de volantes y señalética. Además, participé en un acto", comentó.
La historia de Diego, pese a que recae en la Ley 20.587 de multas impagas, es similar a la que han experimentado las 3 mil 043 personas que han sido condenadas a penas sustitutivas a la privación de libertad (Ley 20.603) en la zona. "Este es un modelo humanizador de justicia que entiende que la última opción de cumplimiento debe ser la privación de libertad, dándole la opción a hombres y mujeres de retribuir el daño causado a la sociedad a través de servicios comunitarios en instituciones públicas y sin fines de lucro que actúan como colaboradores de Gendarmería", explicó el coronel Christian Alveal, director de Gendarmería Región del Bío Bío.
Convenios
Hoy en día, existen 140 convenios con instituciones como el Hogar de Cristo, Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, entre otras, para realizar esta condena alternativa. "Nosotros recibimos hace un tiempo a dos personas en Penco, son gente que quiere reinsertarse en la sociedad después de haber cometido algún delito menor (...) Les damos la oportunidad de trabajar en los cuarteles en funciones propias del cuidado de las infraestructuras", comentó Dino Olivieri, presidente regional de Bomberos.
El Arzobispado también es parte de esta lista. En este sentido, precisaron que a través de la fundación Novo Millenio, también tienen dos proyectos de servicio a la comunidad para jóvenes infractores de ley.
Ayer, a este grupo de instituciones, se sumó el municipio de San Pedro de la Paz. "Nosotros queremos construir una ciudad que acoja, que no sea sólo castigadora, porque de ese modo avanzamos hacia una comuna más justa", indicó al respecto el alcalde Audito Retamal.
"Esta es una muy buena alternativa que queremos apoyar", añadió el edil sampedrino.
¿Quiénes pueden optar a esta pena?
De acuerdo a lo que se informó desde Gendarmería Bío Bío, las personas que pueden hacer cumplimiento bajo la modalidad de servicios comunitarios son quienes tengan condenas iguales o inferiores a 300 días. Por ejemplo, delitos como hurto, receptación, microtráfico, infracción a la Ley de Propiedad Intelectual (piratería), lesiones, manejo en estado de ebriedad, entre otros, caerían dentro de esta opción.
3.043 personas en la región, han pagado sus penas mediante la modalidad de servicio comunitario