Camila Infanta S.

La noche del domingo, los gremios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunciaron la paralización de sus funciones para este jueves 17 y viernes 18 de diciembre. Con ello, ayer de la concesionaria del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y Nuevo Pudahuel advirtió que se verán afectados "todos los despegues en territorio local".

Ante el escenario, las aerolíneas anunciaron medidas. El gerente general de Latam, Gonzalo Undurraga, informó que se frenará la venta de boletos para esos días y se permitirá que los pasajeros que ya tienen su vuelo comprado puedan cambiarlo, sin costo adicional, para otra fecha.

El paro se produce, al igual que lo ocurrido en septiembre pasado, por el sistema de pensiones de los funcionarios, luego de que se rompiera la mesa de diálogo que mantenían con el Gobierno.

Al respecto, el vocero Marcelo Díaz, dijo que seguirán en conversaciones con los distintos actores y que ojalá éste permita "que este paro no se materialice".

Hector Ibarra, presidente del Colegio de Controladores Aéreos y miembros de la DGAC, aclaró que ellos no han decidido aún si participan, pues están consultando a sus operadores, quienes tienen hasta las 15.00 horas de hoy para tomar la decisión.

"El escenario es distinto al de septiembre. Desde esa fecha se creó una mesa de trabajo técnico con los trabajadores, con temas de seguridad de vuelo, que a nosotros nos han beneficiado", dijo a .

Si los controladores aéreos no se suman al paro, explicó Ibarra, los vuelos podrían aterrizar y despegar, sin embargo, se verían afectados los embarques y atenciones a público. J

Los funcionarios de la DGAC informaron ayer que la decisión se tomó tras dos meses de negociaciones con el Gobierno sin llegar a resultados favorables. Las negociaciones fueron llevadas a cabo con el Ministerio de Defensa, de Hacienda y de Interior para resolver la situación previsional de los funcionarios de la DGAC. "Solicitamos a la opinión pública aceptar nuestras excusas por el eventual daño que pudiésemos provocar", dijeron.

Tras reunirse con los principales representantes de los partidos oficialistas, el Gobierno informó ayer que sigue trabajando en fórmulas para iniciar la prometida gratuidad en la educación superior el 2016, sin vulnerar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que estableció que las exigencias puestas en la ley de presupuesto eran arbitrarias.

No obstante, el vocero Marcelo Díaz aclaró que la política partirá el próximo año para al menos a 140 mil estudiantes que ingresen a las instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch).

"Es el piso con el que partimos", dijo el ministro. "El Cruch ya tiene los mecanismos necesarios para ser atendido el día de hoy", agregó su par de Educación, Adriana Delpiano. La PSU fue rendida este año por 289 mil jóvenes.

Agregaron que ahora están abocados a identificar fórmulas que amplíen el número a estudiantes de las otras instituciones, particularmente de los IP y CFT. J

Por cerca de tres horas declaró ayer en la fiscalía el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, citado en calidad de imputado por la emisión de boletas y el pago de más de 300 millones que hizo SQM Salar a su ex jefe de campaña, Cristián Warner. "He actuado de manera legal", aseguró tras el interrogatorio ante los fiscales Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura, a quienes les solicitó que hicieran pública su declaración. El fiscal nacional Jorge Abbott dijo que si ME-O quiere difundir su declaración, debe hacerlo él. Uno de los abogados querellantes, Mauricio Daza, de la fundación Ciudadano Inteligente, respondió que más allá de lo que diga, los fiscales deben resolver su vinculación. A la salida ME-O recordó que el ex presidente Sebastián Piñera lo emplazó a discutir sobre los temas del país hace unas semanas, respuesta que él luego rechazó. "Me desafiaste, te desafié y te estoy esperando", le dijo. J