l Camila Infanta S.
Desde ahora, el Estado cuenta con las atribuciones de intervenir una institución de educación superior en que se detecten y compruebe que incurre en irregularidades. Esto será posible gracias a que ayer la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea la figura de administrador provisional.
Para que ello ocurra, primero el ministerio de Educación debe ratificar a través de una investigación la existencia de anomalías graves. Tras ello designará una autoridad que la intervenga e intente resolver sus problemas. Si no es posible, otro interventor iniciará el posterior proceso de cierre del plantel.
"Esta ley evitará que muchos jóvenes de clase media vean sus sueños rotos. A partir del 2015, habrá más protección para todos los estudiantes y sus familias, porque no queremos ver casos de universidades que quiebran y los estudiantes quedan abandonados a su suerte", dijo la Mandataria en La Moneda.
El nombramiento del administrador provisional, que lo hará el ministerio de Educación previo acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, tendrá que hacerse una vez que esté corroborada la existencia de un riesgo serio de inviabilidad administrativa o financiera de la institución, el incumplimiento de compromisos o la imposibilidad de seguir funcionando académicamente.
Recién ahí, las autoridades nombrarán a esta figura que asumirá el gobierno y administración de la entidad, que tendrá atribuciones para solucionar los problemas detectados en la investigación preliminar.
En el caso de que los problemas detectados no tengan solución factible se nombrará al administrador de cierre, que se encargará de reubicar a los estudiantes y garantizar su titulación.
¿Quiénes son?
Según la ley promulgada ayer, el administrador provisional deberá cumplir una serie de requisitos para desempeñarse en esa labor. El primero es ser un profesional de una universidad reconocida por el Estado, acreditar experiencia de al menos cinco años en la gestión de instituciones de educación superior o diez años en empresas de mayor o mediano tamaño.
Además no podrán ser los directivos o funcionarios de la institución en problemas ni sus familiares en hasta cuarto grado.
Esta ley se tramitó tras las irregularidades descubiertas en la U. del Mar. Hoy se indaga a la U. Arcis. J
l El administrador provisional podrá ejercer su cargo por un año y podrá ser prorrogable sólo una vez por el mismo plazo. Según dijo la Mandataria, la creación de esta ley obede a un reforzamiento del "compromiso con las familias y sus hijos" y agregó que la idea es "devolver a la educación el sentido esencial para Chile, que todos, sin distinción, puedan adquirir conocimientos, competencias y valores para realizarse como personas".
