l A dos meses de que se dieran a conocer los casos de presuntas adopciones irregulares ocurridas entre los 70 y 80, la Fiscalía Centro Norte se declaró ayer incompetente para continuar con la investigación. El Ministerio Público explicó que los hechos denunciados por familias y el Servicio Nacional de Menores (Sename) ante el Ministerio Público -y donde estaría involucrado el sacerdote Gerardo Joannon, ocurrieron en una fecha anterior a 2000, cuando se aprobó la reforma procesal penal, por lo que le corresponde a la justicia antigua investigar. 'Existe vinculación entre todos los casos y en todos ellos hay situaciones en las cuales se ha determinado que podrían haber delitos vinculados a usurpación de estado civil, a la falsificación, etc. Hasta ahora no habría ningún hecho posterior al año 2000, lo cual no obsta que cuando aparezcan se inicie la investigación respectiva', dijo el fiscal Andrés Montes. J

l En la línea de lo que la Presidenta Michelle Bachelet anunció el pasado 21 de mayo, y que encendió la polémica a nivel local, ayer la embajadora chilena ante las Naciones Unidas, Marta Maurás, informó que el país apoya la iniciativa de despenalizar la interrupción del embarazo por tres causas: peligro de la vida de la madre, inviabilidad del feto y embarazo por violación. Como parte del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), el Gobierno respondió a las 185 recomendaciones recibidas en enero, realizadas por 84 países, tras su presentación en mecanismo de evaluación, que analiza las políticas nacionales de derechos humanos al que se someten cada cuatro años todos los miembros. En la misma instancia, el Gobierno insistió en su 'compromiso en la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los pueblos indígenas por actos de demanda social'. J